NOTICIA DE INMIGRACION.

El Partido Republicano pusó ayer el grito al cielo tras la filtración a los medios de comunicación de un informe de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) en el que se estudian formas con las que el gobierno podría legalizar 'de facto' a una parte de los aproximadamente once millones de incodumentados que viven en el país, pasando por encima de la autoridad que tiene el Congreso en la materia.

En concreto, el memorando sugiere que, ante la incapacidad del legislativo de aprobar una reforma del sistema inmigratorio que ofrezca una camino hacia la legalización a los millones de indocumentados, el gobierno podría conceder permisos de residencia temporal a miles de inmigrantes para evitar que puedan ser deportados.

"En la ausencia de una reforma integral de la inmigración, el USCIS podría extender derechos y/o protecciones a muchos individuos y grupos concediendo nuevas orientaciones y regulaciones", reza el documento, dirigido a Alejandro Mayorkas, director de la agencia.

Entre los grupos que se podrían acoger a la medida, figuran los estudiantes hijos de indocumentados que pretenden ingresar en la universidad o el ejército. Esta misma demanda forma parte de las reivindicaciones centrales de los activistas pro-inmigración, que pretenden conseguir con la aprobación de la propuesta de ley conocida como 'DREAM Act'. El memorando reconoce que la propuesta "sería probablemente polémica, por no decir cara", pero podría proporcionar alivio a muchas familias.

"El documento proporciona una base adicional para nuestra preocupación de que la administración hará un esfuerzo por pasar por encima del Congreso para ejecutar de forma unilateral un plan de amnistía a gran escala", declaró el senador republicano Charles Grassley, cuya oficina hizo llegar el documento a los medios de comunicación.

Sin embargo, desde la administración, se restó ayer trascendencia al documento alegando que era simplemente un ejercicio de 'lluvía de ideas', habitual en todo gobierno, para solucionar el problema que representa la existencia de millones de personas amenazadas de una deportación súbita. "Es cuestión de buena gobernanza que el USCIS discuta todas cuestiones y opciones en el sistema de inmigración", dijo Christopeher Bentley, portavoz de la agencia.

De acuerdo con el documento, uno de los mecanismos que se podría aplicar es la emisión por parte del Departamento de Justicia de órdenes a los fiscales para que no persigan la deportación de determinados grupos. Esta es, por ejemplo, el estatus legal de miles de refugiados haitianos que llegaron a EEUU tras el terremoto que destruyó la capital del país.

Asimismo, el memorando, de once páginas, también aborda la posible reducción de los 10 años de prohibición de volver a EEUU con que son penalizados los indocumentados que abandonan el país.